Análisis de los homicidios en América Latina y El Caribe

América Latina y El Caribe muestran tendencias de seguridad complejas y heterogéneas. Analizar este contexto en un entorno geográfico tan turbulento política, social y culturalmente supone un reto. Y, además, especialmente relevante a nivel económico, con un coste de hasta el 8% del Producto Interior Bruto (PIB).

 

América Latina y El Caribe se configura como la región más violenta del mundo: con menos del 10% del total de población global registra un tercio de los homicidios que ocurren anualmente en todo el planeta, atendiendo a informes como el Global Homicide Report. 

Según el último balance anual sobre homicidios elaborado por Insight Crime, en 2024 al menos 121.695 personas fueron asesinadas en América Latina y El Caribe, suponiendo una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. No obstante, la falta de disponibilidad de datos en algunos casos dificulta la elaboración de estadísticas que reflejen la realidad con mayor exactitud. 

 

Atendiendo a las principales subregiones, se destacan tres principales puntos clave sobre la situación de homicidios en América Latina y El Caribe en 2024:

• Suramérica se ha visto afectada por el aumento de la violencia debido a la mayor producción de cocaína y las disputas entre organizaciones criminales, entre otros factores. La expansión y la creación de redes entre las bandas, como el Tren de Aragua de Venezuela o Primer Comando Capital de Brasil, suponen un reto de seguridad creciente para los países del cono sur, principalmente Chile o Paraguay.

 

• En El Caribe destaca la actuación de pandillas locales y las actividades lucrativas del tráfico de drogas y armas. Al respecto, la violencia criminal en países como Haití, principalmente en su capital desde el asesinato del Presidente Moïse en 2021, y el control de infraestructuras críticas está derivando en la petición e implementación de medidas de apoyo internacional.

 

• Centroamérica y México se han caracterizado por la lucha por el control de las rutas del tráfico y el auge de sustancias como el fentanilo. La posición geoestratégica que ocupan estos países, entre los que destaca el Triángulo Norte, y las condiciones de criminalidad han supuesto que algunos Estados enfrenten serias amenazas para la seguridad.

Según los datos disponibles, los principales puntos calientes en la región se configuran en torno Surinam, Barbados y las Islas Turcas y Caicos, que registran los mayores incrementos porcentuales en homicidios de toda la región.

Además, el caso de Ecuador supone un gran reto para la seguridad pública. Con un total de 6.986 homicidios registrados en 2024 –el segundo más violento de su historia–, Ecuador ha registrado la tasa más alta en todo Centro y Suramérica.

El aumento de la competencia por los corredores estratégicos y de las actividades de la criminalidad organizada, destacando los mercados ilícitos de las drogas -esencialmente cocaína- y la extorsión, ha derivado en el incremento de homicidios registrado y ha supuesto que las autoridades declararan que el país enfrentaba un conflicto armado interno en 2023. La reagrupación y adaptación de las bandas ha supuesto un aumento en los enfrentamientos violentos dada la competencia por el control y la gobernanza criminal.

Por otra parte, los países que en 2024 registraron la menor tasa de homicidios fueron Argentina, con 3,8 por 100.000; Bolivia, con una tasa de 3; y El Salvador, con una tasa de 1,9. De hecho, mientras que hace una década El Salvador se configuraba como el país latinoamericano más violento, y uno de los mayores del mundo con casi 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2024 ha sido el país que ha registrado la menor tasa de asesinatos de toda la región.

La situación de reducción drástica de la violencia en El Salvador se relaciona con la actividad del Gobierno, presidido por Nayib Bukele, para luchar contra las actividades de las pandillas y las maras, especialmente Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13). En este sentido, algunos datos recogidos por el balance de Insight Crime muestran que desde 2022 se ha detenido a más de 70.000 personas, más del 1% de la población nacional total.

Según el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUOP), la percepción de inseguridad en el país se ha reducido notablemente, puesto que en 2019 más del 70% de la población señalaba la delincuencia como uno de los mayores problemas estatales y en 2023 la cifra se situó en el 4,3%.

 

Con todo, se destaca que la seguridad es un fenómeno complejo, con multitud de indicadores objetivos y subjetivos, directos e indirectos. De esta manera, la violencia es contextual, determinada por un tiempo y un espacio concretos.

Incluso la tasa de homicidios se configura como un indicador de gran valor pero con importantes limitaciones, como la dificultad de reflejar la realidad con alta fidelidad por el componente de cifra oscura y el complejo entramado de conductas que configuran la violencia sistémica.

En conclusión, el entorno espaciotemporal y la percepción ciudadana sobre la (in)seguridad condiciona en gran medida la situación de violencia de una determinada zona geográfica. Incorporar un análisis reflexivo y profundo de los datos para la seguridad híbrida, siempre de la mano de los mejores expertos, entendiendo su valor pero también sus limitaciones, requiere un mindset flexible y amplio, y que entienda la violencia como un problema complejo.